Bogotá, 19 de junio de 2019 En cumplimiento del Plan General de auditorías de estos tres años y medio, el cual comprende la vigilancia de un presupuesto total de 28 billones 800 mil millones de pesos; la entidad revisó a través de 1.427 auditorías el 100 por ciento de sus sujetos de control.

En este ejercicio se evalúa la gestión financiera, contractual, administrativa, presupuestal, sistema de control interno, plan de alimentación escolar, políticas públicas de la población vulnerable, planes de mejoramiento, quejas y peticiones, gestión y resultados, gestión en salud y gestión ambiental.

Como resultado se establecieron 11.308 hallazgos administrativos, de los cuales 2.474 tuvieron connotación disciplinaria, 159 connotación penal, 818 connotación fiscal y 200 sancionatorios.

En cuanto a los beneficios de control fiscal de tipo cuantitativo, se registra un total de 284 mil millones de pesos, fruto de las acciones tomadas como consecuencia de los planes de mejoramiento por auditorías; las estrategias Usatón, con 1.314 bioequipos medicos en uso; “obras inconclusas y al servicio de las comunidades”.

Estos beneficios también se generaron en una actualización catastral, que después de 20 años permitió que cuatro municipios dejaran de ser paraísos fiscales. Hoy, Choachí, Silvania, Jerusalén y Cáqueza reportan $8.500 millones de ingresos; otros 85 municipios se acogieron y están en proceso de conservación catastral con el IGAC, la CAR y las EPC, lo que les representa una proyección de un aumento catastral de 499 mil millones de pesos.

En medio ambiente, la Contraloría de Cundinamarca realizó una importante labor de acompañamiento a las administraciones locales y a las comunidades en los procesos de consultas populares en defensa contra las explotaciones mineras en Arbeláez, Cabrera, Carmen de Carupa, Cogua, y Pasca.

Además se realizaron informes sobre la situación de los páramos en Cundinamarca y la situación de la minería en el Departamento.

En el proceso fiscal, el ente de control reporta fallos de responsabilidad fiscal por $3.150 millones de pesos y medidas cautelares por $26.220 millones de pesos.