Boletín No. 23 Bogotá D.C., 31 de agosto de 2020. Para el ente de control departamental es preocupante el manejo que las administraciones de la provincia Magdalena Centro le han dado al tema del tratamiento de aguas residuales, ya que de acuerdo a los reportes entregados, los municipios de Beltrán, Bituima, Chaguaní, Pulí y San Juan de Rioseco no realizan ningún tipo de tratamiento a los desechos líquidos, facilitando el incremento de los impactos ambientales negativos por la contaminación de las fuentes receptoras.

La Contraloría también llamó la atención sobre la situación del municipio de Pulí, el cual cuenta desde hace años con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, pero ésta no funciona; y en cuanto a Guayabal de Síquima, la administración no reporta qué manejo ha dado a sus aguas residuales. Por ello, el contralor de Cundinamarca, Edgard Sierra Cardozo, hace un llamado a los alcaldes y a los gerentes de las empresas públicas a realizar mayores esfuerzos en la gestión del tratamiento de estas aguas.

Al analizar el cumplimiento legal que ordena a las administraciones locales invertir un porcentaje no inferior al 1% del total de sus ingresos corrientes en la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos territoriales, la Contraloría de Cundinamarca destaca el acatamiento a la norma, en especial al municipio de Guayabal de Síquima, el cual destinó un 5.2%; sin embargo, recomienda la estructuración de planes de manejo ambiental con actividades concretas que garanticen el uso adecuado de los terrenos.

En cuanto a obras inclusas, la entidad de control explicó que en esta provincia, a corte agosto de 2020, se han reportado 5 obras sin concluir: dos en Pulí, el acueducto fase II y la planta deshidratadora; y tres en Vianí, el Polideportivo del casco urbano, 27 viviendas rurales y la PTAR sector urbano.

Ante este panorama, la Contraloría de Cundinamarca expresó su compromiso de trabajar con las administraciones locales para encontrar estrategias que les permita la finalización de estos proyectos, sin óbice a que los causantes de detrimentos patrimoniales respondan fiscalmente.

Por otra parte, en los procesos auditores de las cuatro últimas vigencias analizadas, la Contraloría de Cundinamarca determinó hallazgos fiscales por la suma de $1.000.000.000 de pesos, en entidades municipales y $900.000.000 de pesos en Entidades Sociales del Estado. 

Las anteriores cifras fueron dadas a conocer por el grupo directivo de la Contraloría de Cundinamarca durante la audiencia pública virtual de control social para la provincia de Magdalena Centro, realizada este lunes 31 de agosto.

“Estas audiencias públicas las estamos haciendo en primer lugar para que la comunidad conozca cuál es la misión de la Contraloría, en segundo lugar para que tengan un panorama del estado de las auditorías a los municipios y a las ESE de la provincia, los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la entidad, y especialmente para escuchar a la comunidad. Es la forma de acercar la ciudadanía al ejercicio de la Contraloría, es un espacio para garantizar transparencia” expresó el contralor Sierra Cardozo, al clausurar el evento.